Síntesis:

A pesar de que la descentralización municipal no fue un tema prioritario tras los Acuerdos de Paz, en los próximos años se puede convertir en un tema prevalente en la agenda política salvadoreña, sin embargo, existe cierta deficiencia en las relaciones entre municipios y el gobierno central, además de no percibirse una adecuada delimitación de sus competencias y persisten algunos riesgos de corrupción.

Introducción:

El objetivo de este capítulo es el análisis del estado de la cuestión de la descentralización en El Salvador, en su doble perspectiva: jurídico-formal (constitucional y legal), por un lado y de opinión de los actores políticos y sociales, por otro. Pero es preciso plantear previamente un marco lógico comprensivo de los principales aspectos de los procesos de descentralización, señalando sus dimensiones claves. Esta estructura de análisis debe intentar recoger todos los aspectos relevantes de la descentralización, ordenándolos de manera que sea más fácil identificar los problemas y formular propuestas de solución de los mismos. El esquema que se ha optado se divide en las siguientes dimensiones: a) organizativa; b) financiera; c) competencial; y d) de buen gobierno.

Uno de los más destacados exponentes del análisis institucional, Mancur Olson, asociaba la emergencia autónoma de la democracia a una cierta "dispersión pluralista del poder" 8, en una línea convergente con la definición de un distinguido politólogo sobre la poliarquía. La ausencia de concentración excesiva de poder favorecería el surgimiento de un sistema democrático, a la vez que para consolidar la democracia y de paso garantizar el desarrollo, sería necesario tanto el clásico sistema de división horizontal, ideado por Montesquieu (legislativo, ejecutivo y judicial), como la división vertical, entendida como una distribución de poderes decisorios entre las distintas zonas del territorio, ordenadas de acuerdo con un criterio geográfico y político racional.

Democracia y descentralización (local) se conectan por tanto de manera íntima, una asociación asumida desde siempre en la literatura constitucional británica sobre el self-government , en la noción alemana de selbstverwaltung , en la italiana de autoamministrazione , en la idea francesa del pouvoir municipal 10, o en la teoría estadounidense sobre el federalismo.

La descentralización se acepta hoy como experiencia positiva en dos vertientes:

• Como una herramienta de redistribución del poder con fines democratizadores y de recuperación de la confianza (aproximación de su ejercicio a los ciudadanos, mejora del sistema de frenos y contrapesos).
• Como el incremento de la eficiencia en los procesos de toma de decisiones (mejor conocimiento de la realidad local, implicación directa en los intereses de cada zona del territorio).

En el caso de El Salvador, la descentralización no ha sido una prioridad en las reformas habidas hasta ahora. Tras los Acuerdos de Paz, las primeras reformas institucionales se centraron en el intento de alcanzar mayores grados de democratización y consenso en la sociedad.

Es obvio que fijando un orden de prioridades, en cualquier agenda política, la pacificación y el normal desarrollo de los procesos electorales deben preceder a otras cuestiones que siendo relevantes, no resultan tan esenciales para la dinámica democrática. Específicamente, se le concedió mayor importancia a la reforma del Órgano Judicial, a los aspectos electorales y a la incorporación a la vida política de la guerrilla.

Aunque no puede considerarse a El Salvador uno de los países más descentralizados de América Latina, probablemente tampoco sería recomendable que lo fuera, dadas sus dimensiones geográficas, muy distintas a las de otros países en los que este modelo de organización seguramente es más apropiado. Sin afirmar con ello que la estructura federal o pseudofederal sólo sea apropiada para países extensos territorialmente, lo cierto es que en algunos aspectos de la descentralización pueden estar condicionados por la amplitud y heterogeneidad del territorio. La realidad geográfica de El Salvador, con una superficie de 21,000 kilómetros cuadrados (aproximadamente), en los que viven alrededor de seis millones y medio de habitantes, y dividido en tres zonas (oriental, central y occidental) no excesivamente heterogéneas, puede también ser explicativa de la falta de una consideración prioritaria de la cuestión de la descentralización en el momento del diseño de los Acuerdos de Paz.

Esto no quiere decir que no sea preciso desarrollar estrategias de ordenación del territorio de corte descentralizador por razones de índole geográfico (en el más amplio significado de este concepto), por ejemplo, para evitar la tendencia a un crecimiento excesivo de San Salvador, en detrimento de las posibilidades de desarrollo de otras ciudades y de las áreas rurales. Evitar las consecuencias más graves de un centralismo excesivo sobre el mapa del territorio y la localización de la riqueza puede ser aconsejable. Sí parecen convenientes las estrategias racionalizadoras, tendentes a ofrecer un tratamiento de la descentralización adecuado a la heterogeneidad de los municipios y su número, controlando por ejemplo, la creación de nuevos municipios mediante la exigencia de requisitos legales.

Se considera que el mejor manejo de los recursos se hace en el nivel municipal, pero debe apuntarse hacia el necesario desarrollo de mecanismos de colaboración y cooperación entre los niveles y se considera que deberían atribuirse más competencias a los municipios, sobre todo en el plano del desarrollo económico; sin embargo, persisten riesgos de corrupción a este nivel por los insuficientes controles en la gestión del presupuesto y la falta de profesionalidad de los responsables locales. Los ciudadanos parecen confiar más en los alcaldes que en otras autoridades públicas salvadoreñas, lo que resulta muy comprensible dado el mayor grado de proximidad de los poderes locales respecto de los estatales o departamentales.

Se observa la tendencia a atribuirles nuevas responsabilidades, buscando la solución a un gran número de problemas sociales y de prestación de servicios. La descentralización debe ser un tema nacional, que deben apoyar todos los partidos políticos, gobierno central y gobiernos locales. Todo ello por las razones expuestas y por el estado de opinión presente en la sociedad salvadoreña. Algunos datos permiten suponer que en los próximos años se puede convertir (si no se está convirtiendo ya) en un punto de debate y posicionamiento de los partidos y principales agentes sociales y políticos. En El Salvador, hoy se diría que se trata de un momento crucial, en el que desde el gobierno se tiene que apostar (o no) por este proceso de manera decidida. Si no se apuesta, la iniciativa se dejará en manos de la oposición, identificándose el poder local con este movimiento a la larga.

Ver más »